Este libro ofrece un análisis profundo y multidisciplinario del fenómeno de la delincuencia juvenil, centrado en el caso ecuatoriano pero con una mirada comparativa hacia otras realidades jurídicas y sociales en América Latina, Europa y Estados Unidos. A lo largo de cuatro capítulos, se examinan las causas estructurales que llevan a los adolescentes a la criminalidad, especialmente cuando esta adopta formas letales, y se exploran las respuestas legales e institucionales disponibles.

En el primer capítulo, se describe el perfil del joven infractor desde una perspectiva social, psicológica y criminológica. Se identifican factores como la desintegración familiar, la pobreza, el abandono estatal y la exposición constante a entornos violentos como desencadenantes de conductas delictivas graves en adolescentes.

El segundo capítulo se enfoca en el análisis del marco jurídico ecuatoriano, destacando cómo la ley nacional aborda la responsabilidad penal adolescente, las medidas socioeducativas, los límites de edad y las instituciones responsables de su tratamiento. Se evidencian tanto los avances como las deficiencias en la implementación del sistema.

En el tercer capítulo, se realiza una comparación legal con países como Colombia, Venezuela, Perú, España y Estados Unidos. Cada país presenta un enfoque distinto, desde modelos punitivos hasta sistemas garantistas centrados en la rehabilitación. El análisis comparado permite visibilizar buenas prácticas, estándares internacionales y errores que pueden ser valiosas lecciones para el contexto ecuatoriano.

Finalmente, el cuarto capítulo propone soluciones basadas en políticas públicas efectivas, programas de prevención del delito, modelos de justicia restaurativa y la mejora del sistema socioeducativo. Se plantean reformas legales e institucionales con el objetivo de equilibrar la protección de los derechos de los menores con la necesidad de garantizar la seguridad pública y reducir la reincidencia.

Este informe pretende ser una herramienta para investigadores, legisladores, educadores, operadores de justicia y formuladores de políticas, comprometidos con la construcción de un sistema más humano, justo y eficaz para enfrentar la criminalidad juvenil en Ecuador y la región.