La Constitución de la República del Ecuador de 2008, elaborada en la Asamblea Constituyente de Montecristi, representa uno de los ejercicios más ambiciosos de reconstrucción institucional en la historia republicana del país. A diferencia de las reformas constitucionales tradicionales, la Carta de Montecristi no se limitó a actualizar normas jurídicas o adaptar procedimientos, sino que emprendió un cambio estructural del modelo de Estado, inspirado en una lógica de democracia participativa, derechos colectivos, control ciudadano y pluralismo jurídico. El corazón de esta transformación fue la superación del modelo clásico de tres poderes estatales —ejecutivo, legislativo y judicial— hacia un nuevo diseño basado en cinco funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.